4. Los Narcodólares en los Años 80 – Mena, Arkansas; South Central Los Angeles

Durante los años 80, Barry Seal, quien ocasionalmente trabajaba como agente del gobierno, encabezó una operación de narcotráfico que traspasó a Estados Unidos una gran cantidad de droga –estimada en 5 mil millones de dólares– proveniente de América Latina, a través de un aeropuerto en Mena, Arkansas. [16]. De acuerdo con periodistas e investigadores del caso Mena, la operación estaba siendo protegida desde los más altos niveles del Consejo Nacional de Seguridad, en ese entonces bajo el liderazgo de George H.W. Bush, y del que formaba parte Oliver North. Según el escritor y periodista de investigación Daniel Hopsicker, inmediatamente después de que Seal fuera asesinado en Febrero de 1986, fue encontrado en su bolsillo el número de teléfono personal del vicepresidente H.W. Bush. Gracias a los esfuerzos de Hopsicker, los documentos de Barry Seal terminaron dando paso a la divulgación de un hecho poco conocido en la historia del contrabando: los ejecutivos de RJR en América Central habían ayudado a Seal a transportar contrabando clandestinamente hacia los Estados Unidos en los años 70 [17].

Barry Seal

Cover of Barry & ‘the boys” by Daniel Hopsicker with Barry Seal (third on left) with CIA colleagues in 1963.[18]

Las operaciones para traficar armas y drogas en Mena continuaron después del asesinato de Seal. Ocho meses después, la avioneta de Seal, llamada “Fat Lady”, fue derribada a tiros en Nicaragua. Llevaba armas para los Contras. El único sobreviviente, Eugene Hassenfuss, confesó la operación ilegal, que se llevó a cabo desde el aeropuerto de Mena. La captura de Hassenfuss inspiró a Oliver North y a su secretario en el Consejo Nacional de Seguridad para embarcarse varios días en la destrucción de documentos. Los archivos que sobrevivieron a tal acción llevada a cabo por North y que fueron finalmente proporcionados al Congreso, contenían cientos de referencias a tráfico de drogas.

Un fiscal independiente fue designado para investigar los cuestionamientos generados por la captura de Hassenfuss, tal y como lo afirmó Chris Sanders –director de Sanders Research [19]– en su nota introductoria a mi artículo “El mito del estado de derecho”:

“La investigación terminó con no menos de 14 individuos acusados o condenados por diversos crímenes. Entre ellos se encontraban altos miembros del Consejo Nacional de Seguridad, el Secretario de Defensa y el jefe de operaciones secretas de la CIA, entre otros. Después de haber sido elegido presidente en 1988, George Bush indultó a seis de estos hombres. Asimismo, durante el curso de esta investigación surgieron rumores de que la administración había autorizado el tráfico de drogas, además de haber brindado los recursos necesarios para financiar tales operaciones. Estos cargos fueron desviados exitosamente de la investigación, pero nunca dejaron de tenerse en cuenta. De hecho fueron examinados, separadamente, por un comité del Congreso –encabezado por, el en ese momento senador, John Kerry–, el cuál concluyó que, de hecho, los Contras habían estado involucrados en actividades relacionadas con narcotráfico, y que elementos del gobierno de Estados Unidos estaban enterados de ello”.

Hay una frase estándar que uno escucha cuando habla con la gente de Washington D.C sobre la avalancha de operaciones relacionadas con el narcotráfico y el lavado de dinero que tuvieron lugar en Arkansas durante los años 80. “Oh, aquellas acusaciones fueron totalmente desacreditadas”, dicen. Pero esto no es así. Gracias a numerosos periodistas y miembros de agencias de seguridad de los Estados Unidos, existe documentación bastante creíble sobre el tráfico de drogas en Mena, así como el lavado de dinero que estaba relacionado con él, y sostiene la hipótesis de que el gobierno estuvo participando o fue cómplice de significativas operaciones de tráfico de drogas. Los documentos hablan de relaciones entre dichas operaciones con empleados del Consejo Nacional de Seguridad, el Departamento de Justicia, la CIA (bajo el liderazgo del, en aquella época, vicepresidente Bush), la Agencia de Desarrollo y Finanzas de Arkansas (ADFA, según sus siglas en inglés) y Bill Clinton, en aquel entonces gobernador de ese estado. ADFA era un distribuidor local de los subsidios y programas de financiamiento otorgados por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de los Estados Unidos. Asimismo se constituía como un activo emisor de bonos municipales de vivienda. Una de sus firmas de abogados incluía entre sus socios a la esposa de Clinton, Hillary, además de varios miembros de su administración, entre quienes se encontraban Vince Foster, uno de los asesores legales de la Casa Blanca y el Fiscal General Adjunto, Webster Hubbel.

Entre aquellas personas que se encontraban condenadas y que fueron indultadas por el Presidente Bush, se encontraban Cap Weinberger –el ex Abogado General de Bechtel, egresado de Harvard y ex Secretario de Defensa, quien durante su gestión en ese cargo supervisó una de las operaciones con contratistas privados más corruptas en la historia de Estados Unidos. El editor de Forbes James Norman dejó la revista en 1995, debido que esta se negó a publicar una historia suya llamada “Fostergate” que hablaba sobre la muerte de Vince Foster, y como ésta estaba relacionada con el sofisticado software, PROMIS, el cual, supuestamente, era utilizado para lavar dinero, incluyendo fondos para transacciones de armas y drogas, que se estaban llevado a cabo a través de Arkansas. El texto de Norman acusaba, tácitamente, a Weinberger de beneficiarse de una parte de las ganancias provenientes de las operaciones de contrabando de Seal, la cual habría recibido a través de una cuenta en Suiza. En otros reportajes, se consideraba que el software era una adaptación del PROMIS, que habría sido robado a una compañía llamada Inslaw y entregado a otra de Arkansas controlada por Jackson Stephens. Algo para agregar a esta historia es un estudio reciente sobre la industria penitenciaria, el cual muestra que Stephens, Inc., –el banco de inversiones perteneciente a Jackson Stephens– era uno de los más grandes emisores de bonos municipales para construir prisiones.

Algunos de los documentos más convincentes sobre la operación llevada a cabo por Seal en Mena y el lavado de dinero relacionado con ella, fueron suministrados por William Duncan, ex coordinador de Operaciones Especiales para la región sureste de la División de Investigación Criminal, perteneciente al Servicio de Impuestos Internos (IRS) del Departamento de Hacienda de los Estados Unidos. Esta entidad despidió a Duncan en Junio de 1989, cuando este se negó a atenuar o a encubrir los hechos en un testimonio ante el congreso. [21] [22]. Teniendo en cuenta que es ilegal mentir ante el congreso, eso significa que, paradójicamente, Duncan fue despedido por negarse a romper la ley y, en el proceso, a proteger una empresa criminal.

Cuando Duncan fue despedido, quien ocupaba el cargo de Secretario de Hacienda, en ese momento, era Nicholas F. Brady, ex presidente de Dillon Read. Brady dejó a Dillon en septiembre de 1988 para unirse a la administración Reagan, anticipándose a la victoria de Bush en las elecciones de Noviembre. Duncan fue despedido dentro de los meses que abarcaron dos importantes eventos que se describirán detalladamente en esta historia más adelante:

(i.) La toma del poder de RJR Nabisco que se hizo famosa gracias al libro Barbarians at the Gate: The Fall of RJR Nabisco de Brian Burrough and John Helyer (Harper & Row, 1990), así como a una película que lleva el mismo nombre y

(ii.) el momento en que Lou Gerstner, actual presidente del Carlyle Group, se unió a RJR Nabisco para asegurarse de que el manejo de la empresa fuera lo suficientemente emprendedora como para recuperar los millones de la nueva deuda adquirida durante la toma del poder.

Como veremos posteriormente, la incapacidad de impedir que Duncan documentara la corrupción en Mena y en la Secretaria de Hacienda, enfatizó la importancia de poner el control de la IRS –así como de sus abundantes bases de datos y sistemas de información que registraban el flujo de dinero– en manos más amigables.

Los Narco Dólares en los años 80: South Central, Los Angeles

La serie de reportajes de Gary Webb titulada “Dark Alliance” (“Alianza Oscura”) –que muestra la explosión de la cocaína, proveniente de Latinoamérica, en el Surcentro de Los Angeles, durante los años 80– fue publicada originalmente por el San Jose Mercury News en el verano de 1996, para luego convertirse en un libro en 1998. El reportaje y la documentación que lo respaldaba argumentaban de manera convincente que el gobierno de los Estados Unidos y sus aliados en el ejército de los Contras, estaban involucrados en el tráfico de drogas que tenía como objetivo a los niños y a diferentes comunidades de los Estados Unidos.

Los mismos de siempre hicieron su mejor esfuerzo para acabar con la credibilidad de Webb y mantener oculto su reportaje. Entre ellos se debe incluir al Washington Post, el cual había decidido no publicar, a último momento, el reportaje de Sally Denton y Rodger Morris sobre Mena, el cual tiempo después, en el verano, se incluiría en las páginas de la revista Penthouse. Afortunadamente, Webb se las había arreglado para tener una cantidad significativa de documentos legales que corroboraban la veracidad de su reportaje publicado en el San Jose Mercury News. Justo en el momento en que esta periódico iba a quitar la nota de su sitio web, miles de personas interesadas en el caso, alrededor del mundo, ya la habían bajado a sus discos duros, a manera de aplastante evidencia. Gracias a Internet el secreto del crack se dispersó.

Mike Ruppert es un ex investigador de narcóticos del Departamento de Policía de Los Angeles, que se vio obligado a salir de esta entidad, después de rechazar una oferta de la CIA para proteger sus operaciones de tráfico de drogas en Los Angeles. Después de verse acorralado por Ruppert y la amenaza de sus pruebas contundentes que respaldaban la historia de Webb –durante una reunión comunitaria en el sur centro de Los Angeles, en 1996–, el director de la CIA, John Deutsch, prometió que el inspector general de esa entidad investigaría las acusaciones que aparecen en “Dark Alliance”.

Esto dio lugar a un informe de dos volúmenes publicado por la CIA en marzo y octubre de 1998 que incluía la revelación de uno de los más importantes documentos legales de los años 80: el Memorando de Entendimiento (MOU, según sus siglas en inglés) entre el Departamento de Justicia (DOJ) y la CIA, que databa del 11 de Febrero de 1982 y estuvo vigente hasta 1995. [23] En el momento en que este fue elaborado, William French Smith era el Fiscal General de Estados Unidos y William Casey –quién había sido un abogado de Wall Street, además de ex socio y presidente de la Comisión de Acciones y Valores (SEC) de EU– era director de la CIA. Casey, al igual que Douglas Dillon, había trabajado para el fundador de la Oficina de Servicios Estratégicos (OSS), Bill Donovan, y fue ex director del Export-Import Bank. Además era amigo de George Schultz. Bechtel pensó en el Export-Import Bank para suministrar garantías al gobierno que financiaron millonarios contratos de construcción alrededor de todo el mundo. Casey contrató a Stanley Sporkin, ex fiscal de la SEC, para que se desempeñara como Asesor General de la CIA. Cuando Schultz se unió a la administración Reagan como Secretario de Estado, dichos vínculos facilitaron en parte la cercanía, a un nivel más íntimo, entre el mundo del dinero y el de la seguridad nacional. Cercanía que posiblemente provocó sucesos tales como los ocurridos durante el periodo Iran-Contra.

Ninguna historia en los años 80 es completa si no se cuenta con un conocimiento del proceder de los abogados y los mecanismos utilizados para legitimar el tráfico de drogas y el lavado de dinero, delitos que contaban con la protección de las leyes de seguridad nacional. A través del MOU, el DOJ libró a la CIA de cualquier obligación legal que implicara informar sobre el tráfico de drogas y las violaciones de las leyes antinarcóticos llevadas a cabo, ya fuera por agentes de la CIA, como por colaboradores, empleados externos o contratistas [23]. Es de suponer que esto incluía a los contratistas privados, quienes –por medio de un decreto ejecutivo– ahora estaban autorizados para realizar trabajos delicados de inteligencia y seguridad nacional.

FOTO: Stanley Sporkin, Asesor General de la CIA durante el periodo Iran Contra (Foto cortesía de Gavel Consulting).

En realidad, con el Memorando de Entendimiento del DOJ y la CIA –aplicado desde 1982 hasta que fue anulado en agosto de 1995– una epidemia de crack devastó a las comunidades pobres de Estados Unidos. Además, cientos de miles de personas pobres, quienes habían estado en prisión –culpadas por delitos mayores– y que no tenían derecho a votar, fueron dejadas afuera de las listas de electores, lo cual garantizó la protección de intereses determinados. Entre tanto, el sistema financiero estadounidense se atiborró de aquello que había crecido hasta llegar a alcanzar una cantidad estimada entre 500 mil millones y 1 billón de dólares lavados por año, a finales de los 90. Como es lógico, los ricos se hicieron más ricos, mientras que el poder corporativo y la concentración del capital de inversión se disparó en los lucrativos márgenes de las actividades criminales aprobadas por el Estado.

Stanley Sporkin, egresado de la Facultad de Derecho de Yale, fue designado por Reagan para desempeñarse como juez en una corte federal, de 1985 a 1986, dejando a la CIA con una licencia legal para asociarse con aliados y contratistas que se encontraban traficando drogas. Años más tarde, utilizó su posición para ayudar a organizar la destrucción de mi compañía, Hamilton Securities, mientras predicaba a la asociación de abogados de la ciudad de Washington sobre ética y buen gobierno. En el 2000 dejó su puesto para convertirse en socio de la firma Weil, Gotshal & Manges, que asesoró a Enron en lo referente a su bancarrota.

Gary Webb murió en el 2004, otra baja producto del esfuerzo de los organismos policiales y de inteligencia, junto con los medios de comunicación –que mantienen funcionado tanto el narcotráfico como la guerra contra las drogas–, para reducir a la pobreza y hacer miserable la vida de aquellos que son capaces de decir la verdad. En el corazón de esta maquinaria están miles de profesionales socialmente prestigiosos como Sporkin, quienes organizan tal sistema dentro de un laberinto conformado por firmas de abogados, cortes, cuentas bancarias gubernamentales y contratistas que llevan a cabo sus operaciones detrás de un secreto muy bien guardado, gracias a la figura del secreto profesional entre los abogados y sus clientes, a las leyes de Seguridad Nacional y al enorme flujo de dinero de los diferentes sistemas de crédito que maneja, apoya y respalda el gobierno federal estadounidense [24].