Photo: Richard Grasso (Presidente y Director Ejecutivo de la New York Stock Exchange desde 1995 a 2003) abrazando a un comandante de las FARC en 1999 – en una vereda rebelde de Colombia – durante el tiempo en que la GAO informaba que las FARC ejercían una participación mayoritaria en el negocio de la cocaína en Colombia.
(Foto por cortesía de la campaña LaRouche)
Hamilton Securities Group tenía una subsidiaria encargada de recopilar la información de las transacciones individuales y las tareas de estrategia de carteras de los clientes de la empresa, para diseñar – con base en esa información – nuevos enfoques de inversión. El propósito era ayudar a los inversionistas a entender el impacto de sus inversiones en la gente, en lugares y en la sociedad en general, con el objetivo de diseñar estrategias para identificar las oportunidades, disminuir los riesgos, y mejorar el rendimiento de sus inversiones.[83] Esto incluía entender cómo reducir la dependencia crediticia de los municipios, los pequeños negocios y las granjas. Asimismo era necesario comprender cómo aumentar su capacidad de financiación a través del capital accionario. De hecho, el acceso fácil y subsidiado al financiamiento por venta de participación accionaria (equity financing) es una de las razones por las que las empresas grandes se han hecho tan poderosas, arrebatando así grandes partes del mercado a las pequeñas empresas. Si los pequeños negocios y granjas tuviesen la oportunidad de acceder a una participación en el capital social, el resultado sería una economía mucha más sana y un aumento de la base de apoyo popular para las instituciones democráticas.
Tuvimos la suerte de contar con un Consejo Consultivo compuesto por un grupo muy comprometido y eficaz de líderes en el tema de los fondos de pensiones. En abril de 1997, tuvimos una reunión del Consejo Consultivo en la sede de la empresa Safeguard Scientifics, cuyo Presidente de la Junta Directiva estaba liderando un proyecto de capital de riesgo. Hice una presentación sobre el descomunal derroche en el presupuesto federal. A manera de ejemplo, demostramos cómo calculamos que el rendimiento de la inversión federal del año anterior en la ciudad de Filadelfia habría sido negativo a pesar de que se podía financiar las localidades con capital privado y luego hacer una reingeniería de la inversión del gobierno para producir un rendimiento positivo, y, como resultado de esto, generar una plusvalía significativa. Se podían usar los fondos de pensiones estadounidenses para fortalecer las garantías de futuro de los jubilados, invirtiendo en comunidades, pequeños negocios y granjas norteamericanas. De esta manera se lograría reducir la deuda, mejorar los niveles de capacitación de los trabajadores y generar empleos. Esto era importante, ya que una de las principales preocupaciones en Estados Unidos en esa época era la de asegurar que cumpliéramos con las necesidades de los beneficiarios y los jubilados. También era esencial reducir la deuda y crear nuevos trabajos justo cuando seguíamos trasladando al exterior empleos industriales y de otra clase. De lo contrario, acabaríamos utilizando los ahorros pensionales de nuestra fuerza de trabajo para pagar el traslado al exterior de tales empleos, de los trabajadores y de sus hijos.
La respuesta de los inversionistas de los fondos de pensiones fue muy positiva, hasta que el presidente de uno de ellos, CalPers (el más grande del país), dijo: “Ustedes no entienden. Ya es muy tarde. Han dado por vencido al país. Ellos estarán sacando todo el dinero hacia el exterior en el otoño (de 1997). Lo van a trasladar a Asia”. No dijo quiénes eran “ellos”, pero sí indicó que urgía que me viera con Nick Brady, como si los datos con los que les demostramos que sí había esperanza para el país pudiesen cambiar las cosas. Creía en ese entonces que lo que quiso decir era que los fondos de pensiones y otros inversionistas institucionales estarían trasladando una gran porción de sus carteras de inversiones a los mercados emergentes. Pecaba de ingenua. Se refería a algo mucho más trascendental.
El año fiscal federal empieza el 1 de octubre. Típicamente los comités de asignaciones presupuestarias de la Cámara de Representantes y el Senado votan sobre sus recomendaciones durante el verano. Cuando vuelven de sus vacaciones después del Día del Trabajo (celebrado el primer lunes de septiembre en Estados Unidos) los comités arreglan sus diferencias y en septiembre radican un proyecto de ley. Conciliar todos estos intereses encontrados es como si una serpiente tratara de comerse un cerdo entero. Determinar el presupuesto cada otoño puede derivar en momentos de tensión. Cuando se promulga una nueva ley, comienzan a surgir nuevas políticas y el dinero para financiarlas. El 1 de octubre siempre trae nuevos giros y comienzos. Entre octubre de 1997 – el inicio del año fiscal federal – y septiembre de 2001 desaparecerían por lo menos 4 billones de dólares de las cuentas pertenecientes a las agencias públicas federales. La mayor parte del dinero perdido desapareció de las cuentas del Departamento de Defensa. En el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés) también faltaban montos significativos. Según informes de la Oficina del Inspector General de HUD, esta entidad tuvo “ajustes indocumentables” de 17 mil millones de dólares en el año fiscal de 1998, y de 59 mil millones en 1999. La Oficina del Inspector General se negó a finalizar las declaraciones financieras auditadas en el año fiscal de 1999, así como a averiguar la base de los ajustes indocumentables o a recuperar el dinero. Asimismo, se negó a revelar la cantidad de tales ajustes en años fiscales subsiguientes.[84] Esta entidad seguía invirtiendo muchos recursos en la persecución de Hamilton durante esta época.
Por cortesía de la revista New Yorker
La culpa de la pérdida de estos dineros del HUD finalmente recayó sobre una empresa de software financiero llamada AMS. Mi antiguo socio, Steve Fenster – el banquero de Dillon Read que manejó la compra apalancada de la fracasada cadena de almacenes Federated Department Stores a nombre de Campeau (véanse en el capítulo anterior, “La separación de los caminos”, las preocupaciones que expresé a Steve con respecto a este negocio) – fue integrante de la junta directiva de AMS hasta su muerte, en 1995. En su reemplazo fue nombrado Walker Lewis, otro miembro de la junta directiva que tenía relaciones con Dillon Read y, ahora, en calidad de Presidente de Devon Value Advisors, era socio consultor de Pug Winokur y Capricorn Holdings. A pesar de las pérdidas en el HUD – primero la de 17 mil millones de dólares y, posteriormente, otra de 59 mil millones – el Secretario Cuomo no despidió a AMS ni confiscó su dinero. De hecho, el presidente de AMS, Charles Rossotti, fue nombrado Comisario del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) y recibió un permiso especial que lo autorizaba a conservar sus acciones en AMS. Como resultado de esto, se benefició personalmente cuando HUD mantuvo a AMS en su nómina de contratistas y el IRS otorgó nuevos contratos a dicha empresa. Como Comisario del IRS, supervisó las labores de la División de Investigaciones Criminales que jugó un papel importante en el seguimiento al lavado de dinero durante el periodo en el que desparecieron los 4 trillones de dólares de las arcas del gobierno federal. Cuando Rossotti salió del gobierno, pasó a trabajar con Lou Gerstner en el Carlyle Group.
Si suponemos que los 17 mil millones de dólares desaparecieron del HUD de manera gradual a lo largo de 1998 —es decir, 1.4 mil millones al mes, 63.6 millones por jornada laboral, y 7.6 millones por hora laboral— esto indicaría que para el verano de 1998, aproximadamente 14 mil millones de dólares ya habrían desaparecido de la entidad. Esto sin contar el dinero que faltaba en otras agencias. ¿A donde se fue? ¿Acaso fue financiado mediante movimientos fraudulentos de valores a través de Ginnie Mae (las siglas en inglés de Asociación Gubernamental Hipotecaria Nacional, empresa pública del HUD que vende hipotecas)? ¿Con algún otro fraude hipotecario? o ¿con la emisión de bonos falsos del Departamento de Hacienda estadounidense? Estas son preguntas cruciales. Curiosamente, durante este mismo periodo, algunas de las firmas más poderosas de Washington, y otras que tenían vínculos allí, tuvieron una suerte extraordinaria para obtener capital. De hecho, el periodo del dinero perdido coincidió con un proceso de “pump and dump” (inflar y desechar) del mercado de valores norteamericano, y con un gran flujo de dinero a favor de inversionistas privados.
Pump and Dump—Inflar y deshechar
El fraude financiero conocido como “pump and dump” (“inflar y desechar”) hace referencia al acto de inflar artificialmente el precio de una acción u otro valor a través de su promoción, con el objetivo de venderla con un precio más alto. Esta práctica es ilegal, según la legislación que rige los títulos de valores, pero muy frecuente.
Alguien muy exitoso en la estrategia de inflar y desechar era Jonathan Lebed. Este tenía 15 años cuando la SEC lo acusó de manipular varios títulos valores. Se liberó de los cargos reembolsando una fracción del total de sus ganancias. Aunque tiene muchos defensores que afirman que sus actividades promociónales son semejantes a las prácticas diarias de los analistas, lo que no tienen en cuenta es el hecho de que él no sólo hizo falsas y engañosas declaraciones sobre las empresas, sino que compró suficientes acciones como para generar un impacto temporal sobre el mercado, creando una explosión artificial de actividad que provocó el interés de los inversionistas. En la ficción puede verse un buen ejemplo de cómo funciona esto, en la película Boiler Room (El Informador, en español)
(Adaptado y traducido de Wikipedia)
Cornell Corrections no era para nada la única empresa que acumuló fondos durante el periodo en mención, y Dillon Read está lejos de ser la única firma inversionista que liquidó sus acciones para obtener beneficios. De hecho, desde una perspectiva más amplia, la inversión de Dillon Read en Cornell Corrections se podría considerar como una de riesgo, más bien modesta, aunque muy lucrativa en términos porcentuales. Así, las inversiones y ganancias de Dillon parecen minúsculas comparadas con los miles de millones que estaba invirtiendo la plataforma de inversión crediticia KKR en la firma de servicios financieros RJR. Fueran grandes o pequeñas, sostengo que estas dos inversiones son muy dicientes de cuál es el verdadero modelo corporativo predominante en EE.UU. y el mundo.
En el verano de 1998 el Grupo Carlyle anunció que había cerrado su Fondo Europeo con 1.1 mil millones de dólares. Para finales de la década, Carlyle ya contaba con más de una docena de fondos que manejaban casi 10 mil millones de dólares. Entre tanto, Enron – en sus negociaciones con Wall Street – gozaba de un torrente de buena suerte a través de su asociación con consorcios en offshore, así como de ingresos crecientes gracias a lo que en EE.UU se llamó la “nueva economía”. Entre los directivos de Enron figuraban las personas más destacadas del universo de los contratistas gubernamentales, tales como las siguientes:
Pug Winokur, presidente del Comité de Finanzas de Enron. También era inversionista y miembro de la junta directiva de DynCorp, compañía que manejaba sistemas de información esenciales – y altamente delicados – para el Departamento de Defensa, la Oficina del Inspector General de HUD, y la SEC; Arthur Anderson, la empresa auditora de Enron y DynCorp (y de Cornell Corrections). Era una de los principales contratistas del HUD. Por último estaba Frank Savage, miembro de la Junta Directiva de Lockheed Martin (el más importante contratista militar que en ese entonces recibió más de 150 millones de dólares anuales por manejar los sistemas informáticos del HUD). También estaba en la Junta Directiva y en el Comité de Finanzas de Enron.
Enron y el HUD usaban los mismos bancos —Citibank y JP Morgan-Chasexa— , así como las mismas firmas inversionistas. Winokur – que estaba en la Junta Directiva del Fondo de Donaciones de Harvard y había invertido en él – era un inversionista importante de Enron. Los abogados que representaban a esta empresa en los documentos de la SEC, trabajaban para O’Melveny y Meyers, una firma importante de Los Angeles que supuestamente fue la que más apoyo brindó a Al Gore durante la campaña presidencial del 2000. La Universidad de Harvard era contratista del HUD y también una fuente sustancial de funcionarios para esta ésta entidad, la Secretaría de Hacienda y la Casa Blanca. El Fondo de Donaciones de Harvard era uno de los principales inversionistas en las operaciones inmobiliarias e hipotecarias del HUD, al igual que Pug Winokur y su compañía de inversiones.
Varios empleados de Harvard conformaban uno de los grupos más significativos de contribuyentes a la vida política de Bill Clinton. Esta universidad también era una de las fuentes de las personas que ocupaban cargos en la Oficina de Administración y Presupuesto, el Departamento de Justicia, la SEC, el Departamento de Defensa y otras agencias públicas[85]. Durante la Administración Clinton, el Fondo de Donaciones de Harvard pasó de 4 mil millones a 20 mil millones de dólares. Un crecimiento asombroso.
Sanders Research Group, publicados por Scoop Media
Repetimos una idea esencial expresada anteriormente en nuestra discusión sobre el negocio de las compras apalancadas que ha conquistado la economía norteamericana: el dinero reacciona como un globo. Cuando se oprime en un lado, se infla en otro. Aunque no sabemos todavía la verdad sobre quién se quedó con 4 billones (u otra cantidad enorme de dinero, así como de valores emitidos fraudulentamente) de transacciones indocumentables y desaparecidas de las arcas del gobierno de Estados Unidos – o con otros tantos de billones de dólares más que desaparecieron durante este periodo de los fondos de pensiones y de las carteras accionarias de algunos inversionistas – sí tenemos claro quién es el que ahora tiene unos recursos financieros crecientes. También sabemos hasta qué punto se utilizaron recursos jurídicos extraordinarios para perseguir a mucha gente honesta.
La renombrada tira cómica Señor Global, de Justin Ward y Chris Sanders:
El 18 de diciembre de 1997, el Inspector General de la CIA entregó al Comité Especial del Senado el primer volumen de su informe sobre las acusaciones en contra de agencia de seguridad, por su complicidad en el tráfico de drogas llevado a cabo en el surcentro de Los Ángeles. La respuesta de Washington fue consecuente con su intención de atraer el flujo continúo de entre 500 mil millones y un trillón de dólares lavados cada año por el sistema financiero de EE.UU.
El Presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, visitó Los Angeles en enero de 1998 con la congresista de esa ciudad Maxine Waters, una conocida crítica de la participación del gobierno en el narcotráfico. Según los reportajes en los medios, Greenspan prometió a Waters miles de millones de dólares para su distrito en el futuro. En febrero, Al Gore anunció que el HUD (bajo la dirección de su Secretario, Cuomo) había otorgado el estatus de “Zona de Empoderamiento” al distrito de Waters. Eso lo hacia elegible para recibir 300 millones de dólares en subvenciones federales y beneficios tributarios. En ese momento, la existencia de las herramientas informáticas y bases de datos de Hamilton hubiera constituido una gran amenaza en caso de que mi equipo y yo hubiéramos estado al tanto de las acusaciones formuladas en “Alianza Oscura”. La manera más rápida de rastrear las pistas habría sido mirar el mapa de las hipotecas vencidas de aquellas casas en mora con el HUD, que se encontraban contiguas a zonas de narcotráfico. Mi equipo y yo hubiéramos podido tomar esta información, que habíamos publicado en Internet, y usar las herramientas informáticas – así como las bases de datos de Hamilton – para examinar a fondo los flujos financieros del gobierno en las mismas zonas e incluso los patrones de potenciales fraudes de hipotecas y de valores hipotecarios.
El mapa del Sur-Centro de Los Angeles, California
(Mapa por cortesía de Hamilton Securities Group)
La destrucción, eliminación y robo de nuestras herramientas informáticas, bases de datos y equipos de sistemas se dio a través de una serie de eventos – entre finales de 1997 y principios de 1998 – tan bien orquestados entre el gobierno, los medios de comunicación e integrantes del Consejo de Relaciones Exteriores, que si no fuera porque yo misma lo viví, jamás lo habría creído. El Washington Post, misteriosamente, canceló a última hora la publicación de un reportaje acerca de lo que estaba pasando al Hamilton Securities Group, como lo había hecho con la historia de Mena en 1995. Nuestra compañía de seguros de errores y omisiones, se negó de repente a pagar a nuestros abogados, motivo por el que estos dejaron de representar al Hamilton Securities Group.
La granja “Hayes” – comprada por los abuelos maternos de Catherine durante su luna de miel y legada de generación en generación – tiene una vista panorámica del Monte Washington y de Presidential Range (Cordillera) – ubicados en el estado de New Hampshire – pero no cuenta con electricidad.
(Foto por cortesía de Catherine Austin Fitts)
Con el fin de conseguir otros abogados para enfrentar la avalancha de trabajo jurídico e investigativo que se nos venía encima, vendí a mi tío la parte que me correspondía de nuestra granja familiar. Lo llamaron de la Oficina del Inspector General del HUD, al parecer, para intentar convencerlo de que yo era una criminal. Una noche enviaron a su casa en New Hampshire cuatro agentes de esa entidad y del FBI con una orden de cateo. El pretexto era que necesitaban revisar los documentos financieros de la granja para averiguar si yo había recibido empleados públicos allí. Posteriormente llegarían a darse cuenta de que ningún funcionario público había estado conmigo allá, que la casa no tenía electricidad y que, para las “funciones básicas”, sólo disponía de una letrina que se encontraba afuera.
El juez Sporkin falló contra nosotros en la demanda que buscaba obligar al HUD a pagarnos, de manera inmediata, por el trabajo que habíamos realizado. Luego, sin razón aparente, autorizó la confiscación de nuestros archivos digitales y documentos. El 8 de marzo de 1998, un representante del tribunal y un equipo de investigadores de la Oficina del Inspector General del HUD y del FBI, llegaron a nuestras oficinas para incautarlas. Absolutamente todos nuestros archivos y objetos personales, en nuestras casas y oficinas, fueron revisados. No se nos permitió conservar copias de ningún documento. Aunque la mayor parte de la información del HUD era – por ley- de dominio público, esta entidad nos había ordenado borrar de nuestro servidor toda base de datos que se refiriera a ella, y pidió que certificáramos que no quedaba rastro alguno de la misma. Se nos informó que tardaríamos en recuperar las copias y otros artículos decomisados. De hecho, exceptuando un servidor y unos cuantos computadores, la recuperación de nuestros archivos demoró años. Cuando finalmente nos devolvieron los más esenciales, nuestras herramientas informáticas más importantes habían “desaparecido”, mientras estaban en manos del tribunal.
Más adelante descubriríamos que el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) había contratado los servicios de CACI, como apoyo jurídico en su litigio contra nosotros. CACI era el proveedor principal de software y servicios de sistemas de información geográfica del gobierno estadounidense. Posteriormente, CACI aparecería en las noticias debido a sus vínculos con el escándalo de la cárcel de Abu Grahbi en Irak. Esto nos podría llevar a pensar que el DOJ estaba pagando a nuestra competencia para que se apropiara de programas y bases de datos que nos pertenecían.
Un buen tiempo después de que toda nuestra infraestructura digital nos fuera arrebatada, el DOJ sacó una herramienta de sistemas de mapeo de información geográfica, que buscaba servir de apoyo a una reforzada actividad policíaca y de vigilancia en las comunidades. Habría que preguntarse si ésta no era la respuesta del “Sheriff de Nottingham” al Community Wizard : en lugar de utilizar la informática para facilitar a los ciudadanos la compresión de las actividades del gobierno, ¿por qué no usarla para brindar a este la posibilidad de vigilar aún más de cerca a los ciudadanos?
Mientras ocupaban nuestras oficinas, los investigadores de la Oficina del Inspector General llenaron de basura las máquinas trituradoras de papel que se encontraban vacías. Tomaron unos libros de contabilidad que se encontraban en otros pisos, los colocaron encima de la basura y fotografiaron esta puesta en escena. Con base en ese montaje fotográfico, la Inspectora General del HUD – la licenciada Judith Hetherton – nos envió una carta acusándonos de obstrucción a la justicia, evidenciada con el hecho de que habíamos “botado” nuestros libros de contabilidad. Esta acusación no prosperó gracias al administrador del edificio que fue testigo de esta farsa y decidió ayudarnos cuando, después de ver el destrozo de nuestras oficinas de Hamilton Securities Group, se conmovió con nuestros esfuerzos para repararlas. Este administrador había llegado a EE.UU – proveniente de Latinoamérica – huyendo, irónicamente, de la corrupción gubernamental. Uno de nuestros abogados entró a la oficina cuando los investigadores federales estaban ahí y salió temblando. Me dijo: “Mis papas huyeron de Alemania para escaparse de esta gente. Ahora están aquí. ¿Qué rumbo puedo tomar yo?”
Mientras tanto – cuando los archivos tanto digitales como físicos cayeron bajo control del tribunal, y cuando ya habían subastado los computadores, así como suprimido los sitios web – el Congreso llevó a cabo una audiencia inesperada el 16 de marzo de 1998 para analizar el primer volumen del informe del Inspector General de la CIA referente a las acusaciones de Gary Webb – en su serie “Alianza Oscura” – sobre la participación del gobierno en actividades de narcotráfico. El Inspector General de la CIA reveló la existencia del “Memorando de Entendimiento” (MOU, por sus siglas en inglés) redactado en 1982 entre la CIA y el DOJ. Sporkin, el juez que acababa de organizar la destrucción de nuestro programa Community Wizard y de toda nuestra infraestructura digital – y que ahora tenía el cadáver en sus manos – había sido ni más ni menos que el Asesor General de la CIA cuando se elaboró el MOU.
Sin embargo, tuvieron un pequeño contratiempo. Cuando finalmente nos permitieron entrar a nuestras oficinas, una tarde a mediados de marzo, aprovechamos para llevarnos el servidor principal a mi casa. Al día siguiente, el auditor del HUD quedó pasmado al ver que el servidor ya no estaba. Él había asumido que, una vez suprimida toda la información de todos los computadores, éstos se pondrían a la venta. Cuando preguntó por el servidor, uno de mis socios le dijo: “nos lo llevamos anoche”. El auditor respondió: “ustedes no pueden hacer eso. Mis instrucciones dicen que no están autorizados para tener acceso a esa información”. No obstante, fue incapaz de explicar el por qué y de presentar los argumentos jurídicos para que fuera así. Tampoco pudo justificar por qué se negaba a Hamilton Securities Group el acceso a su propiedad.
Mientras las empresas contratistas de las prisiones privadas firmaban nuevos contratos y miles de millones de dólares continuaban desapareciendo del HUD, yo pasaba los siguientes meses trabajando durante semanas de más de 100 horas y enfrentando hasta 18 auditorias e investigaciones, así como 12 litigios diferentes. Al mismo tiempo, me veia obligada a soportar el estrés del acoso físico, la vigilancia y una continua campaña de difamación en mi contra.
Sin embargo, poco a poco se estaba filtrando la información que finalmente me aliviaría. En mayo, la congresista Walters grabó el Memorando de Entendimiento entre la CIA y el DOJ en el Registro del Congreso. En junio, Gary Webb publicó su libro “Alianza Oscura”. Vi una breve reseña despectiva al respecto en una revista comercial y me di cuenta de que, de alguna forma, esto podría ayudar a explicar la locura que yo estaba enfrentando y que no lograba dilucidar.
Tras leer “Alianza Oscura”, empecé a investigar el negocio tan extraordinariamente rentable que el DOJ – al igual que agencias como HUD – había construido alrededor de su actividad policíaca y jurídica. Llevar a cabo tal negocio, sólo tenía sentido si el gobierno estaba efectivamente involucrado en actividades de narcotráfico y fraudes hipotecarios conexos.
Comencé a darme cuenta hasta qué punto los sistemas privados de información y empresas de software financiero como DynCorp y AMS estaban tomando el control de agencias públicas, tras bambalinas, creando las condiciones para desaparecer miles de millones de dólares de las arcas del gobierno. Luego empecé a investigar las empresas encargadas del sistema de prisiones privadas, cuando uno de nuestros banqueros – cuyos colegas del banco habían actuado de manera infame y hasta, en mi opinión, criminal con nosotros – me comentó la cantidad de dinero que estaban ganando en Washington con la oligarquización y la privatización del sistema carcelario. Ésta fue una temática recurrente a lo largo de todo este periodo. Las prisiones privadas eran consideradas como lo máximo de la época y la gran novedad para hacer dinero. Scott Nordheimer no era el único que intentó convencernos de esto. Cuando me reuní con los socios de mayor antigüedad de Coopers & Lybrand, a finales de 1994, aseguraron que debería cambiar mi eje de interés de las comunidades hacia las prisiones, ya que la seguridad y las cárceles representaban el futuro.
En septiembre, descubrí que el DOJ era dueño de una empresa de prisiones, Federal Prison Industries, que se comercializaba bajo el nombre de UniCor. Esta empresa vende la mano de obra de los presos a agencias federales. Resulta que Edgewood Technology Services, una iniciativa e inversión de Hamilton Securities Group, era uno de los competidores potenciales de la empresa carcelaria del DOJ para contratos federales de servicios informáticos. El sitio web de UniCor indicaba que tenía un negocio creciente de tales servicios – enfocados en productos relacionados con sistemas de información geográfica – al igual que Edgewood Technology Services. Esto me llevó a preguntarme si Scott Nordheimer no habría entregado nuestro plan de negocios al DOJ y su Buró Federal de Prisiones, a pesar de mi insistencia de que no estaba interesada en estos negocios carcelarios. Yo había llamado al Jefe del Grupo de Servicios Informáticos de UniCor y él había quedado sorprendido por la historia que le conté. Me dijo algo como: “Eso no tiene sentido. La mayoría de la gente termina en la cárcel por no poder conseguir buenos trabajos. Es mucho más caro poner a la gente a trabajar desde la cárcel que impedir, desde el principio, que tengan que ir allá ”. Tenía muchas ganas de conocerme ya que le interesaba ayudar a los buenos trabajadores en el área de informática, para que consiguieran empleo al salir de la cárcel. Le dije que hablara primero con sus jefes y que también me encantaría conocerlo. Nunca me volvió a llamar.
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La industria carcelaria federal Las ganancias del Departamento de Justicia, provenientes del trabajo de los presos crecieron a la par del incremento en el número de prisioneros federales, la mayoría de los cuales no había cometido ningún delito contra la vida. Un reportaje de K. Daniel Glover publicado en la revista Government Executive, el 12 de abril de 2004 – titulado “Prison Labor Program under Fire by Lawmakers, Private Industry” -, señala el aumento de las ventas de prisiones y de mano de obra , llevadas a cabo por el DOJ, y el hecho de que el incremento en el número de detenciones y encarcelamientos contribuía a las ganancias de este negocio. Crecimiento de Federal Prison Industries
Fuente: Buró Federal de Prisiones, citado en http://www.govexec.com/dailyfed/0404/041204nj1.htm Un informe publicado en septiembre de 2004 por el Centro para la Integridad Pública, sostiene que Federal Prison Industries figuraba en el puesto 72 entre los contratistas militares más grandes, con contratos por un monto de 1.4 mil millones de dólares entre 1998 y 2003, y la describe así: “Federal Prison Industries, también conocido como UniCor, usa mano de obra de prisioneros federales para fabricar una gran variedad de productos, incluyendo muebles, ropa y equipos electrónicos. También provee servicios administrativos tales como ingreso de datos y correos masivos. Una corporación del gobierno, opera como parte del Buró Federal de Prisiones y es el principal proveedor de ropa, muebles y mobiliario para el Departamento de Defensa.” |
Luego, el 8 de octubre – una hora después de que la Cámara de Representantes votó a favor de la prosecución del juicio político contra Clinton – la CIA publicó en su sitio Web, con muy poco revuelo, el segundo volumen del informe del Inspector General sobre las acusaciones formuladas en “Dark Alliance”. Este incluía una copia del Memorando de Entendimiento entre el DOJ y la CIA. Tal como lo sugiere Mike Ruppert, el mensaje de Bill Clinton a los Republicanos fue claro y contundente: “Si ustedes me hacen caer, yo los haré caer a todos”. El día siguiente, el 9 de octubre, el secretario Andrew Cuomo firmó a través de Ginnie Mae, una serie de contratos exclusivos con la empresa de John Ervin (la misma que instauró la demanda qui tam en contra de Hamilton), y con Touchstone Financial Group, una firma que, al parecer, fue fundada por un antiguo empleado de Hamilton Securities Group que contrató empleados de allí para llevar a cabo los trabajos que esa empresa hacía para el HUD. No se puede sino hacer una lista de otras dudas irresolutas sobre las negociaciones políticas que se pudieron haber dado a puertas cerradas. Como es debido, el 1 de octubre comenzó el año fiscal. Durante éste, la Oficina del Inspector General del HUD se negaría a dar la auditoria exigida por ley, para rendir cuentas sobre los 59 mil millones de dólares faltantes. Esta cantidad de dinero equivale a 4.9 mil millones de dólares mensuales, 1.2 mil millones por semana laboral, o 30.87 millones por hora de trabajo. Había llegado el momento de pagar.
Una respuesta del HUD a una petición respaldada por la Ley de Libertad de Información (FOIA por sus siglas en inglés), reveló que en octubre de 1998, el secretario del HUD, Andrew Cuomo, había arreglado contratos de Ginnie Mae para Ervin, con el objetivo de contribuir a financiar las demandas de este contra el HUD y Hamilton.
Indignada con lo que estaba pasando en Washington durante este periodo, me fui para Nueva York, con el fin de intentar entender lo que podía significar todo esto para Wall Street. Almorcé allí con Bart Friedman, uno de los socios de Cahill Gordon, la principal firma de abogados de Dillon Read. Bart era alguien a quien yo respetaba muchísimo y que había ayudado a Hamilton con su labor jurídica. Mientras almorzábamos en un club privado cerca de Cahill, pasó Ike Kohn, un socio mayoritario de la firma de Bart. Estando trabajando en Dillon Read, Nick Brady nos presentó a Ike como nuestro abogado de más confianza. Ese día, Bart dijo algo como: “Ike, ¿te acuerdas de Austin Fitts, cierto?”. Ike me miró de manera hostil y se alejó rápidamente, lo que me dejó bastante estupefacta. Comprendí la razón de su actitud cuando vi los documentos de Cornell Corrections entregados a la SEC. Bart Friedman había manejado todos los archivos de inversión y de garantía para esta corporación. Posiblemente, Ike temía que en este almuerzo yo lograra atar cabos. Cosa que no pasó. Yo revisé con muchísima dedicación los documentos de la SEC, buscando información sobre Wackenhut Corrections y Corrections Corporation of America, pero no investigué Cornell Corrections sino hasta varios años después. Este es el momento en el que todavía me pregunto qué sabía Ike sobre lo que pasó con Hamilton Securities Group.
El mundo es un pañuelo: Mientras Cahill Gordon & Reindel estaba ayudando a Dillon Read a conformar Cornell Corrections, también brindaba asesoría jurídica a Hamilton Securities Group.
Después del almuerzo, me fui a la fiesta de cumpleaños del pariente de un socio de Dillon Read. Ésta se realizó en el Colony Club, un elegante club privado de Park Avenue. Muchos amigos míos querían saber qué opinaba yo de las acciones en empresas carcelarias. Todos estaban invirtiendo en ellas, los corredores las promovían, eran la “última moda” y esperaban obtener jugosas ganancias. Les dije que dejaran de hacer eso, que las cotizaciones no tenían en cuenta que llenar las cárceles con personas – tanto inocentes como culpables – no era lo mismo que almacenar a la gente en viviendas del HUD. Cierto, las acciones después se desplomaron. Pero esto no pasó sino hasta que el Wall Street Journal publicó una nota sobre cómo los decoradores de interiores usaban muebles fabricados en las cárceles para decorar los baños y cocinas de los elegantes apartamentos de Park Avenue. Y Tampoco sucedió antes de que la revista Esquire sacara una serie de fotos de modelos posando frente a las celdas de una prisión privada. Hasta la fecha, me pregunto cuántas personas con las que hablé esa noche habrían comprado acciones de Cornell Corrections a Dillon Read.
Regresé a Washington sintiendo que el mundo realmente se había vuelto loco. Por todos lados veia gente que parecía feliz de estar ganando dinero, haciendo cosas que agotaban y liquidaban la infraestructura permanente y productiva del pueblo, así como la nación estadounidense. Nuestro sistema financiero se había convertido en un mecanismo complejo que nos permitía, con ánimo de lucro, desvincularnos de la realidad y de los orígenes de nuestra riqueza.
Después de varias conversaciones con mis abogados, me di cuenta de que los montajes con los que buscaban incriminarnos habían fracasado, y que ahora los implicados se encontraban bastante embromados, pues nosotros estábamos presentando las pruebas de falsedad en documento público y de eliminación de elementos probatorios. En mi opinión, el DOJ estaría dispuesto a abandonar sus acusaciones si nosotros simplemente dejábamos que se quedara con todo el dinero de Hamilton Securities Group. Lo que sea que haya impulsado la urgencia de la estocada, ya no existía. ¿Acaso fue debido a que Dillon ya había hecho efectivo todo su dinero? ¿Acaso porque todas las herramientas informáticas y bases de datos ya habían sido efectivamente suprimidas, y así ya se había logrado impedir que millones de norteamericanos pudiesen servirse de ellas para relacionar el fraude hipotecario con lo relatado en “Alianza Oscura”? ¿Posiblemente porque la llave secreta del dinero se había abierto y ya 59 mil millones de dólares fluían del HUD para alimentar la bestia hambrienta con una entrada, para enseguida pasar al plato fuerte compuesto por 3.3 billones de dólares tomados del Pentágono? ¿O se trataba de una combinación de factores? Más que nada, se notaba el deseo personal e intenso de verme presa. Pues fracasó. Tomé una decisión: no iba simplemente a desaparecer sin más. Decidí que me iba a dedicar a investigar a fondo lo que había pasado.
Lo que realmente requieren las comunidades locales en Estados Unidos y en el mundo es, ante todo, saber la verdad. Necesitamos tener la capacidad para saber en quiénes podemos confiar y en quiénes no. Necesitamos saber cómo construir una vida, una familia, una pequeña empresa, y cómo ahorrar para nuestra jubilación sin que estos ahorros caigan en las garras de la corrupción. Necesitamos generar ingresos que enriquezcan tanto la nación como su capital y no subvenciones que nos dan contentillo, mientras agotan el capital de nuestros ahorros y comunidades. Cualquier explorador exitoso nos diría que de poco sirve tener todos los recursos del mundo si no se cuenta con un mapa fidedigno, para no acabar expuesto e indefenso ante los elementos inclementes.
El hogar de Catherine, “Fraser Stables”, una cochera y caballeriza remodeladas, que pasaron a convertirse en una casa situada en el corazón de la ciudad de Washington, Distrito Capital. Catherine vendió su hogar para financiar una parte de los costos de litigio y escapar del continuo acoso físico y a la vigilancia a los que fue sometida.
(Fotos por cortesía de Catherine Austin Fitts)
El primer paso consistía en tratar de entender el crimen organizado, algo que nunca me había llamado la atención. Contacté una organización que vendía vídeos de investigaciones tanto de la corrupción gubernamental como del narcotráfico, y compré las cintas que recomendaron. Así empezó un largo periplo de lectura de miles de libros, de ver innumerables videos y de establecer contacto con investigadores de todo el mundo.
Más adelante, ese mismo año, escribí un artículo sobre la posible relación entre las acusaciones formuladas en “Alianza Oscura” y los esfuerzos por suprimir las herramientas informáticas que nosotros diseñamos para que los ciudadanos pudiesen invocar la transparencia de sus gobernantes. Cuestionaba lo que eso implicaba en cuanto al fraude hipotecario y al uso que pudieran haber hecho estas mismas redes de las hipotecas del HUD. Inmediatamente después de que se publicó – el 22 de mayo de 1999 – y de que los integrantes del Comité de Inteligencia recibieran copias del mismo, el Congreso convocó una serie de audiencias privadas sobre el Volumen II del informe del Inspector General de la CIA. En ellas, se escucharon confidencialmente los testimonios del Inspector General del DOJ, Michael Bromwich, y del Inspector General de la CIA, Brito Snider. [87]
Ese verano, ya se veía claramente el rumbo que estaban tomando los acontecimientos. En junio de 1999, Richard Grasso, el presidente de la Bolsa de Valores de Nueva York, viajó a Colombia para visitar a un comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con el fin de incitarlo a invertir en el sistema financiero de EE.UU. Durante su visita, la Oficina General de Contabilidad (GAO) informó sobre el peso creciente de las FARC en el mercado de la cocaína colombiana. [88]
A medida que aprendía más sobre el presupuesto oculto y los flujos de dinero clandestinos que irrigaban la economía estadounidense, también entendía más detalladamente su trasfondo histórico. Empecé a atar cabos y a entender que la crueldad de los ataques no se debía exclusivamente a mis propias actuaciones en Hamilton, sino que también tenía que ver con la historia de mi familia, mis amigos y mis vecinos. Me di cuenta que estas agresiones atroces no sólo se relacionaban con mi trabajo en Hamilton, sino también con problemas que había tenido mi familia, hace tiempo, con personas parecidas a las descritas, e incluso con las mismas. [88.5] Esto solo sirvió para convencerme de la necesidad de continuar el juicio hasta llegar al fondo de lo que estaba pasando y del por qué. En las conocidas palabras de George Santayana, “Quien no conoce la historia está condenado a repetir sus errores”. Así, pasaría años envuelta en litigios, construyendo nuevas redes, y haciendo el mapeo que necesitaba para poder retomar mi exitosa carrera en la banca de inversión.