Cuando Bill Clinton y Al Gore se posesionaron para su segunda gestión en enero de 1997, la primera ola de investigaciones y campañas de difamación ya había fracasado, confirmando así que Hamilton Securities Group hacía un muy buen trabajo para el gobierno, y que el equipo de la FHA hacía una muy buena gestión para los ciudadanos. Por consiguiente, 1997 se convirtió en el primero de ocho años de “terrorismo jurídico”: aquel que se compone de las fuentes inagotables, así como del armamento a veces invisible que el “Sheriff de Nottingham” utiliza para agotar los recursos de su blanco particular y reemplazar tanto a investigadores como jueces y testigos falsos que no logran vincular a este último con ningún crimen. Todo esto, mientras hace mucho escándalo en las cortes y en los medios con la esperanza de que algunas de sus acusaciones tengan impacto.
Un ejemplo del nivel de “profesionalismo” con que esto se trataba, era que el personal de la Oficina del Inspector General de HUD empezó a entrevistar a todos los empleados de Hamilton y de HUD, dando inicio ,muchas veces, a tales entrevistas con preguntas sobre mis hábitos sexuales personales. Esta es una técnica que se utiliza para crear rumores falsos y destruir empresas cuando, por la ausencia de evidencias, no le queda ninguna otra cosa que hacer a los equipos jurídicos. Como lo explicó un empleado de la Oficina del Inspector General de HUD, cuando no hay pruebas de ninguna actividad ilícita, incluso la sola insinuación de prácticas sexuales pervertidas puede dar paso a una acusación proveniente de un gran jurado en Washington. Según supe, los empleados de Hamilton fueron inundaron con hechos y datos, pero aún así no cayeron en la trampa de tales difamaciones.
Los reemplazos comenzaron a darse desde arriba. El secretario de HUD, Henry Cisneros, dejó esa entidad con el fin de enfrentar acusaciones, ante el juez Stanley Sporkin, por haber mentido al FBI acerca de cuánto dinero le había dado a su amante. Yo trabajaba en HUD cuando surgieron acusaciones sobre pedofilia en la Casa Blanca, y el caso conocido como “Franklin Cover Up”(encubrimiento “Franklin”) estalló en la portada del Washington Times. Cuando Kemp me estaba presionando a llevar a cabo financiamientos ilegales, uno de mis asistentes me llamó aparte para advertirme que él estaba involucrado en actividades sexuales igualmente escandalosas [65]. Me pareció un poco absurda la idea de que Cisneros estaría enfrentando cargos criminales – debido a transacciones financieras legales entre dos adultos (su amante y él) que eran conscientes de lo que hacían -, mientras Kemp era escogido por los republicanos como candidato a la vicepresidencia. Pero las cosas comenzaban a tener sentido si se tenía en cuenta que a Hamilton lo estaban apartando del gobierno por haberse asegurado de que este recibiera un pago por sus bienes de acuerdo a un valor justo del mercado; de que los pobres tuvieran una oportunidad de ganar dinero legalmente sin asistencia del gobierno o sin vincularse en el crimen y el narcotráfico, y de que las comunidades tuvieran acceso a información financiera del estado.
La ola de investigaciones agresivas contra Hamilton y el equipo de FHA parecían constituir, si se quiere, un pretexto para que Cuomo tomara la agencia y la pusiera al servicio de operaciones jurídicas- policiales, el aburguesamiento y las burbujas inmobiliarias. Cuomo tenía muchos enlaces con la comunidad jurídica. Su papa era gobernador de New York , el padre de su ex esposa Kerry (se separaron en el 2003 y luego se divorciaron) – miembro de la familia Kennedy -, Bobby Kennedy, sirvió como fiscal general de los EE.UU, y el tío de la misma, el senador Ted Kennedy de Massachussets (estado donde se encuentra la Universidad de Harvard), era un alto miembro del Comité Judicial del Senado.
Como Cuomo iba a ascender a un cargo político más alto y a ayudar a su aliado cercano Al Gore a convertirse en presidente, necesitaba recibir crédito para convertirse en líder de la reingeniería del gobierno. Y para ello necesitaba conseguir apoyo en los flujos de dinero lavado que, según cálculos, oscilan entre 500 mil millones y un billón de dólares que circulan anualmente en el sistema financiero norteamericano. Era de esperarse que el candidato George Bush tuviera asegurados sus votos en la Florida y Texas (donde su hermano y él, respectivamente, se desempeñaban como gobernadores). Eso quería decir que Al Gore, Hillary Clinton y los Demócratas tendrían que conseguir tanto dinero como votos en California y New York durante las campañas del 2002, lo que significó acabar con las personas que estaban al frente la reingeniería auténtica. En abril de 1997, Hamilton recibió la noticia de que nuestro contrato continuo sería puesto en oferta de nuevo, un proceso que tomaría bastante tiempo. Mientras tanto, Cuomo competía con el Inspector General de HUD para ver quién podría integrar más rápido, objetivos jurídicos rentables, actividades de lucha antidroga, y colaboraciones con el Departamento de Justicia (DOJ) en los programas y presupuestos de HUD.
Jamie Gorelick dejó el Departamento de Justicia en enero y luego pasó a ser vicepresidenta de Fannie Mae. Ese cargo lo había tenido también Franklin Raines, quien se unió a la administración Clinton como jefe de la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) en el otoño de 1996. Así, Gorelick en Fannie Mae y Raines (quien luego regresaría a Fannie Mae como presidente) en OMB –junto con el ex socio de Goldman Sachs, Robert Rubin; Larry Summers, el ex socio de Arnold & Porter; Jerry Hawke (cuyo hijo, Dan Hawke, era el abogado de John Ervin) en el Departamento del Tesoro; Alan Greenspan en la Reserva Federal, y Andrew Cuomo en HUD – organizaron la burbuja inmobiliaria e hipotecaria más grande en la historia. Todos compartieron un mutuo silencio cuando 4 billones de dólares desaparecieron de las cuentas de HUD, el Departamento de Defensa, y otras cuentas gubernamentales de las cuales eran responsables el Departamento del Tesoro de EE.UU. y el Banco de la Reserva Federal de New York con sus bancos afiliados ( que eran depósitos del departamento del Tesoro en EE.UU.) [84]. Después, Gorelick se fue de Fannie Mae para convertirse en socia de la firma Wilmer, Cutler & Pickering, en ese entonces dirigida por Lloyd Cutler, quien se desempeñó como asesor legal de la Casa Blanca después de la muerte de Vince Foster. Cutler había sido miembro de la junta directiva de NHP, la empresa de gestión inmobiliaria de Harvard.
Dados los esfuerzos de numerosos proyectos de ley y tratados diseñados para trasladar empleos estadounidenses al exterior, el intento simultáneo por parte de los mismos líderes del sistema estatal y financiero para animar a los norteamericanos a asumir más deudas – sin advertirles que sus ingresos probablemente bajarían – dio un nuevo sentido a viejos conceptos como “inducción fraudulenta” y “prestamos depredadores”. Como resultado, los norteamericanos vivían por encima de sus posibilidades. Ya que muchos usaban su capital inmobiliario para mantener su nivel de vida, el capital salió – lenta e invisiblemente – de las comunidades con ingresos moderados y medianos, para quedar en manos privadas a través de Fannie Mae y de las otras grandes instituciones financieras que encabezaron la explosión de los mercados de hipotecas y valores.
El director de la CIA, John Deutch, renunció en diciembre de 1996, tras su confrontación vergonzosa en la ahora famosa reunión pública de Los Ángeles sobre la relación entre la CIA y el tráfico de drogas [66]. Durante dicha reunión, Deutch prometió públicamente que el Inspector General de la CIA, Fredrick Hitz, haría una investigación de las acusaciones expuestas en la serie de reportajes periodísticos titulada “Alianza Oscura”, que hablan sobre la complicidad de la CIA con el narcotráfico. La publicación de este informe de dos volúmenes tuvo un impacto sobre el transcurso de los hechos ocurridos en 1998 [67]. Además, debido a su servicio en las agencias de inteligencia estadounidenses, Jamie Gorelick recibió por parte de la CIA el “Premio del Director de Inteligencia” en 1997 [68].
El cambio más significativo que afectó al Hamilton Securities Group sucedió a puertas cerradas. Fue el traslado de la demanda qui tam (de la cual todavía no nos habíamos enterado). Había estado en manos del juez Charles Richey, quien advirtió que estaba reacio a prorrogar, para el DOJ, el “sello” que mantenía la demanda en secreto. Según notas que aparecieron en la prensa, el juez Richey contrajo un cáncer de acción rápida y falleció. A principios de 1997, el qui tam de Ervin pasó a manos del juez Stanley Sporkin, quien fue abogado general de la CIA cuando se redactó el Memorando de Entendimiento entre el DOJ y esa entidad. [69]
Los trucos sucios utilizados por el juez Sporkin, el DOJ, la Oficina del Inspector General de HUD, y los abogados de Ervin durante todo el proceso de la qui tam han sido descritos con más detalle en otros artículos. [70]
En resumen:
- Sporkin insistió en que nunca había recibido archivos del Hamilton Securities Group, a pesar de que mis abogados me informaron que tenían un recibo de entrega firmado por su oficina.
- Las acusaciones en la demanda qui tam dieron paso a otras que se hicieron en una demanda distinta contra HUD, que Ervin presentó ante otro juez en una Corte Federal. En las audiencias secretas de la qui tam, fiscales del DOJ afirmaron durante varios años que las acusaciones realmente tenían mérito, lo cual justificaba más tiempo para investigarlas. Pero en un juicio público para la otra demanda, los fiscales del DOJ determinaron que las mismas acusaciones no tenían fundamento. Así, los fiscales tomaron posiciones opuestas en los dos juicios (uno era público y el otra secreto). Sporkin apoyó estas acciones. Las transcripciones muestran que los fiscales le recordaron que no podían consolidar el caso con un sólo juez porque eso les impediría a tomar tales posiciones opuestas en ambos juicios.
- El documento público fue utilizado por el Inspector General de HUD y sectores privados para convencer al Congreso y a los medios de difamar a Hamilton. Una periodista del Washington Post me contó que el Inspector General de HUD le había asegurado personalmente que Hamilton era culpable de infracciones criminales y que Jon Ervin le había enviado documentos que llenarían la mitad de oficina, del piso hasta el techo. Dijo que creía que el Washington Post era sólo uno entre varios medios – así como ella era solamente una entre muchos periodistas – que había sido el blanco de tales olas de envíos. Me informó que a finales de 1997, Ervin contaba con un equipo de 17 personas en la firma Ervin & Associates, que se dedicaban de tiempo completo al litigio.
- A pesar de que finalmente ni Ervin ni las múltiples investigaciones por parte del gobierno durante varios años – con acceso total a todos los involucrados y a los documentos requeridos – pudieron obtener ninguna prueba de criminalidad, Sporkin prolongó el sello (según la ley, una demanda qui tam sólo autoriza una investigación de 60 días) por cuatro años de “pesca”. Esto terminó sólo cuando mis colegas y yo lanzamos un sitio web en el 2000 con la historia de lo que nos sucedía, y pusimos disponibles cientos de documentos de apoyo. Cuando se hicieron públicas las transcripciones de las audiencias de Sporkin, después de cinco años, muchas de ellas se encontraban misteriosamente perdidas.
- Según la ley de qui tam, si al acusado le dan una citación jurídica, se requiere que sea informado de que es objetivo de una demanda qui tam, aunque la queja específica este sellada todavía. En nuestro caso, el DOJ y Sporkin tomaron la posición de que el DOJ podría sortear esta cláusula de divulgación delegando la emisión de la citación al Inspector General de HUD.
Mi cita favorita de Sporkin fue su réplica en el tribunal cuando uno de nuestros abogados mostró que la ley y un caso reciente de la Corte Suprema, indicaba claramente que una presentación que habíamos hecho en la Corte Superior no podría ser trasladada a la corte de Sporkin, bajo el control del Tribunal Federal de Primera Instancia; o sea, que Sporkin no tenía base ni derecho legal para hacer lo que estaba haciendo. Sporkin replicó algo como:
“No estoy de acuerdo con la ley. Si tienen un problema con eso, quéjense al Congreso.”
Cuando se trata de describir el trato hacia Hamilton Securities Group y hacia mí, por parte del juez Sporkin y los fiscales de DOJ y HUD, es esencial subrayar la suerte que he tenido. Yo tenía el conocimiento y control suficientes como para poder asegurarme de que Hamilton fuera manejada de acuerdo a estándares muy altos. Hamilton fue bendecido con un personal muy fuerte, habiendo iniciado labores con un excelente director financiero y líder en el área de contratos, a través de la que iniciábamos nuestro trabajo con HUD. Yo contaba con una excelente reputación en el mercado; con riqueza personal y el apoyo de mi familia para asegurarme de tener abogados, comida, ropa y hospedaje.
Con la presencia de un equipo legal sólido y los recursos necesarios durante un largo periodo, muchos testigos privados y públicos – así como funcionarios honestos dentro del gobierno y el sistema judicial – pudieron ayudar, poniéndose muchas veces en gran peligro a sí mismos. Contaba con una iglesia maravillosa y un tremendo apoyo espiritual. Y a través del tiempo me conecté con miles de personas alrededor del mundo que intentan revelar la corrupción y conformar comunidades. Así, estoy viva; de hecho me siento íntegra y no me he quedado sola. Eso es más de lo que puedo decir acerca de los millones de niños y adultos inocentes en todo el mundo que han sigo destruidos, asesinados y encarcelados a causa del narcotráfico, el tráfico de armas y los posibles encubrimientos facilitados por el mismo tipo de trucos legales y hostigamiento con el que yo me enfrentaba. Entre tales víctimas se encontraba Gary Webb, quien murió en diciembre de 2004 debido a disparos su cabeza, un hecho que fue declarado como suicidio.
Ya que Jamie Gorelick se había ido del DOJ, mucho del trabajo en ese departamento siguió bajo la jurisdicción de Frank Hunger – el cuñado de Al Gore, que era el encargado de la división civil – y Eric Holder, el nuevo fiscal general adjunto. Holder llegó al DOJ, luego de haber trabajado en la oficina del fiscal de la ciudad de Washington, la cual tenía la responsabilidad principal en las operaciones diarias del DOJ frente a la qui tam de Ervin. Holder mantenía la política de apoyo a la Operation Safe Home, la guerra contra las drogas y la privatización de las prisiones. Asimismo ayudó a arreglar el indulto de Marc Rich en los últimos días de la administración Clinton antes de que este se uniera a Covington & Burling. Frank Hunger también se uniría a esta firma de abogados después de ayudar a organizar la campaña presidencial infructuosa de Al Gore en el 2000.
El ex jefe de asesores de Al Gore, Jack Quinn, renunció a su cargo como asesor legal de la Casa Blanca a finales de 1996 y regresó a su vieja firma de abogados, Arnold & Porter. En seguida fue remplazado por el ex socio de Covington & Burling (más adelante volvería a serlo), Charles Ruff, a principios de 1997. (Quinn se hizo visible más adelante cuando colaboró en la campaña de Gore en el 2000, y ayudó a arreglar el indulto de Marc Rich, quien era cliente de Arnold & Porter). [71] Ruff, fiscal durante el escándalo de Watergate y posteriormente un alto funcionario del Departamento de Justicia, era en ese entonces un abogado municipal de Washington que tenía una experiencia vital en ayudar a la administración Clinton a planear la apropiación – por parte del gobierno federal – de muchas instancias, que antes correspondían al gobierno municipal de esta ciudad, incluyendo los tribunales y las prisiones locales. Judith Hetherton, quien dirigía la investigación de Hamilton como asesora general a la Oficina del Inspector General de HUD, había trabajado para Ruff. Este, al igual que Gorelick, había sido presidente del Colegio de Abogados de Washington (Washington, D.C. Bar Association). Tras el fracaso de haber incriminado al Hamilton Securities Group, Heatherton se unió al Comité de Ética en ese mismo colegio de abogados.
La apropiación federal del Distrito de Columbia (el distrito capital especial que conforma la ciudad de Washington) empezó en agosto de 1997 con la “Ley de Presupuesto Equilibrado”, y la “Ley de Revitalización de Capital Nacional y Mejora de Auto-Gobierno” de ese mismo año. Este fue el comienzo de una ola de aburguesamiento en el Distrito, con financiamiento fácil de hipotecas, algo que animó a la gente para que regresara a los suburbios que se encontraban en los alrededores, así como a los jóvenes e inmigrantes para que compraran nuevas casas. La ley también estipuló más capacidad carcelaria privada, lo que desembocaría, entre otras cosas, en una petición de propuestas, por parte del Buró Federal de Prisiones, en febrero de 1998. En 1999, Cornell ganaría este contrato para encargarse de 1,000 personas durante 10 años, lo que significaba una concesión total de 342 millones de dólares. Una figura importante en el marco de estas concesiones, era el senador Lauch Faircloth, un porcicultor jubilado de North Carolina (donde está la sede de la empresa RJR) quien, como presidente del subcomité de asignaciones presupuestarias para Washington, se había interesado mucho en exigir investigaciones de Hamilton y las ventas de préstamos de HUD. La apropiación federal, bajo el liderazgo de Andrew Cuono, fue una fiesta de recompensas políticas para los empresarios inmobiliarios que trabajaban con HUD. La inundación de inmobiliarias que estaban sacando provecho de los proyectos Hope IV de HUD, con Scout Nordenheimer como una de sus cabezas más visibles, ya había empezado.
Mientras las detenciones masivas llevadas a cabo por los equipos Swat, en el marco de la Operation Safe Home, seguían creando la necesidad de una mayor capacidad carcelaria privada a costo de los contribuyentes, [73] y los funcionarios del gobierno así como las juntas directivas de Wall Street jugaban a cambiarse de cargos – para inventar nuevas maneras de repartir contratos y financiar la burbuja inmobiliaria –, las empresas privadas estaban disfrutando los frutos de su buena suerte:
- Cornell Corrections aumentó sus ingresos y su capacidad gracias al Buró Federal de Prisiones y varios gobiernos estatales. [74]
- Los inversionistas de Dillon Read ejercieron sus opciones para comprar acciones adicionales de Cornell Corrections.
- En el verano de 1997, los socios e inversionistas de Dillon Read, dirigidos por John Birkelund, vendieron esa empresa a la Sociedad de Banca Suiza, la cual se fusionó al año siguiente con la Unión de Bancos Suizos (UBS), que se constituía como el banco más grande de Suiza.
- Ya que las políticas de HUD fueron cambiadas por Cuomo para favorecer a las inmobiliarias tradicionales (entre ellos los grupos sin fin de lucro), la Dotación de Harvard y la firma Capricorn Investment (de Pug Winokur) vendieron NHP – la gran empresa de gestión de propiedades de HUD – a AIMCO, una importante empresa similar de Denver.
- La firma Capricorn Holdings – también perteneciente a Pug Winokur y otro inversionista importante en NHP – vendió una gran parte de su participación mayoritaria en DynCorp, un contratista importante de HUD y DOJ. Pug dejó de ser presidente de la junta directiva de DynCorp pero continuó siendo miembro de la misma, al igual que presidente del Comité de Compensación, el cual emite recomendaciones sobre el pago para los altos cargos, así como las políticas de compensación para la corporación. [75]
Dyncorp
Valdría la pena mencionar algo sobre DynCorp y su ex presidente e inversionista principal, Herbert S. “Pug” Winokur. El y su empresa de inversiones, Capricorn Holdings, estuvieron posteriormente bajo estrecha vigilancia cuando Pug renunció a la junta de Harvard Corporation en medio de una controversia alrededor de su papel como miembro de la junta directiva y presidente del Comité Financiero de Enron. Pug era miembro de la junta cuando Enron cayó en bancarota, después de un periodo durante el cual la Dotación de Harvard (donde Pug también formaba parte de la junta directiva) estaba vendiendo sus acciones de Enron de manera agresiva y provechosa. Esto levantó cuestionamientos en cuanto si la Dotación disfrutó de la ventaja de la “información privilegiada”. Se desconoce todavía sí – y hasta qué extremo – Harvard tenía inversiones en Capricorn y sus fondos. En varias ocasiones, Harvard y Capricorn han hecho inversiones simultáneamente.
Mientras tanto, Gary Webb tenía sus propios problemas. Tras esfuerzos extraordinarios por parte de los medios comerciales para desacreditar su historia, [77] fue descendido de su cargo en el periódico San Jose Mercury News, durante el verano de 1997, y luego dejó el periódico en diciembre de ese mismo año para trabajar en su libro, Alianza Oscura, que fue publicado al año siguiente.
El otoño de 1997 fue un momento intenso en Washington. Investigaciones sobre recaudaciones de fondos y el escándalo Whitewater distrajeron la atención frente a las acusaciones de narcotráfico en Mena y el Surcentro de Los Ángeles. Un acto sexual entre dos adultos en la Casa Blanca se convirtió el año siguiente en un proceso de destitución que se llevó a cabo en contra de Clinton. El 18 de septiembre, Cornell Corrections anunció su próxima oferta publica, con Dillon Read (rebautizado ahora con el nombre SBC Warburg Dillon Read, tras su compra por la Sociedad de Banca Suiza) como gerente principal. La oferta se llevó a cabo el 10 de octubre, recaudando 57.2 millones de dólares, vendiendo cada acción a 19.6 dólares, lo que implicó un incremento del 64% sobre la primera oferta en octubre de 1996, un año antes. Esto significó un valor de 25,962 dólares por persona en las prisiones e instalaciones de Cornell. Una parte importante de ellas provino del Buró Federal de Prisiones y el Servicio de los Alguaciles Federales, ambos pertenecientes al DOJ.
El 14 de octubre, el entonces secretario de HUD, Andrew Cuomo, despidió a Hamilton Securities Group sin previo aviso, embargó dineros que le debía por trabajo ya realizado, y lanzó una campaña de difamación lo suficientemente bien coordinada. Al mismo tiempo, varios trucos socios, que se llevaron a cabo incluso a través del banco, el auditor, y las empresas aseguradoras, agotaron los recursos de nuestra empresa. En noviembre, aproximadamente 10 millones de dólares –un monto equivalente al valor que teníamos disponible bajo el contrato – fue otorgado a la Operation Safe Home a través de una asignación especial por parte del subcomité del Senado encargado de las asignaciones presupuestarias para el HUD. Procesos legales para intentar frenar al embargo de los dineros de Hamilton, así como investigaciones y filtraciones ilegales de información terminaron en el tribunal de Stanley Sporkin, cosa que le dio al ex abogado general de la CIA otra oportunidad de usar sus habilidades para proteger la actividad criminal. Como resultado, todos los esfuerzos de Hamilton destinados a apoyar la gerencia responsable de los programas de HUD, o para crear herramientas y empleos para comunidades, llegaron a su fin.
Arnold & Porter: En un momento dado, nuestro banco utilizó socios de Arnold & Porter para amenazarme. Me sorprendió ser amenazada por una firma que también había trabajado para Hamilton.
Tuve que sonreír cuando llegaron unos nuevos abogados al año siguiente. Uno me aseguró que a Sporkin le encantaría lo que estábamos haciendo por la transparencia en las comunidades y la creación de empleos. Lo habían escuchado en las reuniones de abogados cuando hablaban sobre los barrios marginales. Los abogados insistieron en que les importaban muchísimo los jóvenes de esos barrios. En ese momento, ya había aprendido a sonreír simplemente sin intentar explicar como era que pese a toda la preocupación expresada en las conversaciones, con respecto a que el “Índice del Helado” subiera, por alguna extraña e inexplicable razón, sólo seguía bajando cada vez más.